Para
garantizar el crecimiento económico de largo plazo, la reducción de la pobreza
y la generación sostenible del empleo de calidad en un entorno de estabilidad, es
preciso que la política económica y el orden social vayan de la mano. Es decir, que se requiere de buenas políticas
y para que éstas tengan los resultados previstos, es necesario contar con los
mecanismos e instrumentos que aseguren la coordinación y cooperación dentro de la
sociedad a fin de mantener el orden social y lograr los objetivos de la
política económica.
El
hecho factual es que una de nuestras mayores debilidades, es la precariedad del
orden social y es tiempo de preguntarse ¿cómo se puede mejorar la coordinación
y cooperación o, dicho de otra manera, cómo disminuimos la conflictividad en la
que estamos sumidos?
Al
respecto, cabe mencionar, el conflicto del TIPNIS, La Asunta, Yapacani,
Caranavi y Huanuni, entre otros. Los
innumerables bloqueos de caminos; los paros cívicos; las huelgas; las
manifestaciones públicas que a diario interrumpen el tráfico, generan
incertidumbre, perjudican el normal desarrollo de las actividades laborales y
reflejan el grado de desorden que experimenta el país. La precariedad del orden social aumenta los
costos de transacción en la economía y es una de las causas de nuestra baja
competitividad y atraso económico.
Para
ser más gráficos, en el mes de octubre de 2011, la Fundación UNIR[1] registró 93 conflictos y 152 medidas de presión; 54 estados de
emergencia y ultimátums; 20 vigilias; 18 marchas; 26 bloqueos; 12 paros; un
amotinamiento; 10 huelgas de hambre; una destrucción de bienes; un cosido de
labios y dos crucifixiones (octubre fue el mes con la menor cantidad de
conflictos del año 2011, en agosto fueron 155).
La
coordinación hace que las acciones de los individuos sean predecibles y, por lo
tanto, es posible crear expectativas sobre su comportamiento. La cooperación implica la posibilidad de
realizar acciones que nos benefician a todos. No olvidemos que nuestra naturaleza es
individual y social al mismo tiempo. Como
diría Antonio Negri[2], “…la cooperación es la condición de posibilidad de cualquier formación
social…”.
Una
de las condiciones para lograr la coordinación, es la capacidad de comunicación
y, ésta depende de que los bolivianos
compartamos un lenguaje que nos permita describir objetos y sentimientos, de
forma tal que logremos compartir los significados. “…Un enunciado verdadero no dice
lo que una cosa es, sino lo que presuponemos que es dentro de una cultura
particular…”[3].
Por ejemplo, el concepto de “propiedad
“o de “casa” es diferente, tanto para los pobladores de las tierras bajas, como
para los quechuas o aymaras.
Por
ello, una de las condiciones para la construcción del Estado Nacional y, es lo
que se pretendió a partir de la Revolución de 1952, fue la necesidad de encarar
los programas de alfabetización en un solo idioma. Se determinó que fuera el español, no porque fuera
el lenguaje mayoritario de la sociedad boliviana, ni porque fuera mejor o peor
que el aymara o el quechua, sino porque el español nos permite integrarnos
mejor con América Latina. Resulta muchísimo
más fácil acceder a la ciencia, a la tecnología y a la literatura universal
sabiendo español. A fin de cuentas, no existen
libros de historia universal, literatura o ciencias en aymara o quechua, por la
sencilla razón de que el número de personas que hablan esos idiomas es escaso,
comparado con el de aquellos que hablan español a nivel global.
La
creación de un Estado Nacional requiere que hablemos una lengua y que los
significantes representen lo mismo para todos. De lo contrario, resulta difícil, por decir lo
menos, la comunicación y, por ende, la coordinación. Compartir una misma lengua no implica
desconocer la riqueza y la importancia de los distintos idiomas que coexisten
dentro del territorio nacional. El
compartir el idioma español es el acuerdo de quienes vivimos en este territorio,
denominado Bolivia, para entendernos, comunicarnos mejor y de manera oficial,
con el fin de construir la nación boliviana, que no es ni aymara, ni quechua,
ni Tupi Guaraní, sino que es la suma de todas ellas. La Revolución de 1952 pretendía que dejáramos de
ser aymaras, quechuas, habitantes con ascendencia europea, asiática o africana
para convertirnos en bolivianos mestizos, en ciudadanos con orígenes
pertenecientes a diferentes etnias o culturas que construirían la nueva cultura
boliviana a través del sincretismo, lo que además debería asegurar que el fenotipo
deje de tener importancia para los bolivianos.
El
hecho de que los diferentes pueblos mantengan su idioma ancestral es positivo,
pero para desarrollar una cultura y una visión compartida, es fundamental que
todos nos expresemos en un solo idioma y que todas las naciones que cohabitan en
el territorio nacional, mantengan su lealtad a Bolivia para consolidar la
supervivencia del Estado Plurinacional.
Además
de comunicarnos y entender las cosas de la misma manera, la coordinación
requiere que estemos sujetos a un mismo conjunto de reglas de juego. Las normas de una sociedad son formales e
informales. Estas últimas dependen de
los valores y definen lo que es bueno o malo y lo que puede hacerse. Por su parte, los valores dependen, sin lugar
a dudas, de las visiones que se tenga del mundo. Por estos motivos, es esencial construir una
visión compartida, que es uno de los retos que tienen, con mayor razón, los
gobernantes de un Estado Plurinacional.
Las
normas formales, son las que prescriben y prohíben los distintos comportamientos
en determinadas circunstancias, las
mismas que para ser efectivas deben ser sancionadas. Estas normas son una solución externa para lograr
el orden dentro de una sociedad. Ahora
bien, en la medida en que la población cumpla las normas, su comportamiento
será predecible y permitirá el trabajo cooperativo. La acción predecible y cooperativa disminuye
significativamente los costos de transacción en una sociedad y la hace más
eficiente y competitiva. No obstante,
siempre habrá quien incumpla las normas, si éstas son informales, se deberá aplicar una
sanción social y para que ello suceda, la sociedad debe compartir el concepto
de lo que es bueno y malo. Por citar un ejemplo, tanto en las ciudades,
como en las comunidades la protección al narcotráfico, el narcotráfico en si,
el contrabando, la discriminación de género o la intolerancia religiosa, entre
otros, deben ser malos y, por tanto, sancionados socialmente.
Por
otro lado, si es que se incumple una norma formal, se recurrirá a la coerción
estatal para hacerla cumplir. Por
ejemplo, las empresas que importan vehículos legalmente; pagan sus impuestos; generan empleo y cumplen
con los aportes sociales de sus trabajadores, confían (quieren tener la
certeza) de que quien se dedique a este negocio, también cumpla con sus
obligaciones. Es decir que, esperan que
no ingresen vehículos de contrabando y si ello ocurre, se evite su circulación
y comercialización inclusive por la fuerza.
De la misma manera, quienes producen artículos perecederos, confían en que
se les garantice la libertad de transito en los caminos. Los mineros esperan que cuando el Estado les
otorga una concesión, puedan dedicarse a la exploración y explotación de
minerales en el área de su concesión y tener la certeza de que sus derechos
serán reconocidos por los comunarios.
Todos confiamos en que se respeten nuestros derechos propietarios y, en
el peor de los casos, que el Estado haga respetar el uso, disfrute y
disposición de nuestros bienes, independientemente de que se trate de un
terreno, una casa, un vehículo o un negocio. Los ciudadanos también esperamos que existan
los mecanismos expeditos y eficientes para hacer cumplir lo acordado entre
partes.
Todo
lo anterior, es lo que se denomina seguridad jurídica, sin la cual, es difícil
pensar en que los actores económicos inviertan. Es evidente que se invierte para obtener
réditos económico-financieros, aunque también es innegable que al hacerlo, se
genera empleo y se pagan impuestos con los cuales el Estado construye caminos,
hospitales, colegios, etc. El que
invierte contribuye al bienestar y al crecimiento del país para que todos vivamos
mejor.
Al
respecto, nos preguntamos en qué medida contribuyen a brindar certidumbres, ciertos
hechos como la judicialización de la política; la conformación del Órgano
Judicial con magistrados cuya legitimidad está cuestionada por los resultados
de su elección; la indefinición del
alcance de la justicia comunitaria;
la escasa confiabilidad que tiene la población en la policía para hacer
cumplir la ley; la continua sustitución de la legalidad por la legitimidad
subjetiva y coyuntural y la tendencia que existe a transar con la ilegalidad.
No
obstante, se debe reconocer que estos problemas son de larga data, pero que
explican los altos costos de transacción que genera la necesidad de cubrirse de
la incertidumbre y, si a ello se le añaden, los costos adicionales generados por
la falta de coordinación y cooperación, es evidente que no somos competitivos.
La
inseguridad jurídica también explica las razones de los bajos niveles de
inversión privada en el sector productivo; por qué hasta la fecha no ha sido
posible crear un mercado de capitales que garantice recursos para la inversión de
riesgo de largo plazo; por qué los bancos prestan recursos preferiblemente a aquellos
que pueden otorgar garantías reales; por qué los empresarios prefieren
dedicarse a actividades de corto plazo como el comercio y por qué el principal
empleador está en el sector informal de la economía. La falta de oportunidades de trabajo, como
resultado de los bajos niveles de inversión, explica también el espíritu
rentista de la población y la vocación patrimonialista de los gobernantes.
En
síntesis, sin institucionalidad no hay orden y sin orden no es posible pensar
en un crecimiento económico sostenido.
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