Mensajes En Una Botella

MENSAJES EN UNA BOTELLA

Cuando Juan Antonio me pidió que presentara su libro “Mensajes en una Botella”, me sentí muy honrado, porque es un amigo al que admiro y respeto.

No son muchos los bolivianos que fueron invitados a dictar clases en distintas oportunidades en universidades de renombre internacional.  JA ha dictado cursos y seminarios en Columbia University y en Boston University en EE.UU.  Desde el año 2003 dicta un seminario anual sobre Política Monetaria en Países Emergentes en la Universidad Namur en Bélgica.  Y es que Juan Antonio es un intelectual y un académico de clase mundial.

Es catedrático desde 1974 de forma ininterrumpida en Bolivia, ha enseñado en la Universidad Católica Boliviana por más de 38 años. Permíteme decirte, en nombre de la Junta Directiva de la Universidad, gracias Juan Antonio por tu aporte a la universidad y a la formación de cientos de economistas bolivianos.

Tampoco son muchos los que han tenido una producción intelectual tan fecunda que se manifiesta en un sinnúmero de artículos y ensayos publicados no sólo en Bolivia, sino en revistas de renombre internacional como el “Journal of the American Statical Association” y en el Boletín de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Lovaina.

Juan Antonio Morales, ha publicado varios ensayos, como “La Estabilización en Bolivia”, en una edición preparada por Dornbusch y Fisher. En una obra editada por Michael Bruno ha publicado “De la Estabilización al Crecimiento Sostenido”.  Con Gay MacMahon escribió “La Política Económica en la Transición a la Democracia” y con Jeffrey Sachs editó un libro sobre “La Deuda Externa”.

Su tesis, “Bayerisian Estimattion of Simultaneous Equations”, ha sido publicada por una de las editoriales internacionales más importantes de obras científicas, me refiero a la Springer Verlag.

Además, tiene una ventaja sobre la mayoría de los economistas y académicos de las ciencias económicas, pues no solamente tiene una amplia experiencia como docente, sino que también cuenta con la experiencia de diez años en el ejercicio de la presidencia del Banco Central de Bolivia.  Debo destacar que ha sido el presidente que ha permanecido por más tiempo en ese cargo.  A nivel latinoamericano, llegó a ser el decano de los presidentes de los bancos centrales de la región y, durante tres meses, fue el decano de los presidentes del norte, centro y sur América.  Personalmente, puedo garantizar que su permanencia en ese puesto no fue por su militancia política, sino que se debió exclusivamente a sus méritos profesionales, a su capacidad técnica, a su probada honradez y, sobre todo, a su extraordinaria vocación de servicio público, cualidad que también admiro en él.

Quiero decirles que su paso por el Banco Central de Bolivia no ha sido fácil.  Fue designado como presidente en septiembre de 1995, a pocos meses de la liquidación de los bancos Sur, Cochabamba y BBA, en una coyuntura nacional e internacional muy compleja.  Posteriormente, surgió la caída de otros tres bancos, el de La Paz que, que después de un trabajo de relojero realizado por el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y el Ministerio de Hacienda, se logró que el Banco de Crédito adquiriera sus activos y pasivos.   El BIDESA que tuvo que ser liquidado y, finalmente, otro trabajo de relojería para que el Citibank absorbiera al BHN en 1997.  Deseo manifestarles que la liquidación de los bancos, además de ser difícil, técnicamente es un proceso estresante por las implicaciones político-económicas que genera, que van desde una corrida general de bancos que puede derrumbar al sistema financiero, hasta pérdidas económico-financieras en las que incurrió el Banco Central de Bolivia, por su calidad de prestamista de última instancia.

Para que ustedes puedan imaginarse lo estresantes y peligrosas que son estas situaciones, permítanme relatarles brevemente la forma en que se encaró la corrida de depósitos que sufrió el Banco de Santa Cruz en 1998, poco después de la liquidación del BIDESA.

En esa época, creo que el Banco Santa Cruz era el banco más grande del país.  Tenía una situación patrimonial excelente, su administración era de primer nivel, sus índices de mora eran menores que los del promedio del sistema bancario y contaba con un buen índice de liquidez.  En síntesis, se trataba de un banco solvente, bien administrado, líquido y rentable.

A pesar de ello, no sabemos cómo se generaron rumores que ponían en duda su solvencia y el público empezó a retirar sus depósitos, lo que dio inicio a una corrida, probablemente la más fuerte en la historia del país, aunque restringida a un solo banco.  Obviamente, el riesgo de que la crisis se extendiera al resto del sistema era muy alto.

Juan Antonio Morales, en su calidad de presidente del Banco Central de Bolivia, el Superintendente de Bancos y el Presidente de ASOBAN, explicaron, a través de una conferencia de prensa, que no había razones para la corrida, no les creyeron y la corrida continuó.  Los cajeros automáticos eran vaciados y, poco a poco, se quedaron sin dinero, lo que generó más pánico en la gente.  El sábado continuó la corrida, obviamente la liquidez del Banco Santa Cruz se agotó y el Banco Central tampoco tenía en sus bóvedas el dinero en efectivo suficiente como para continuar haciendo frente a la corrida.  Durante ese fin de semana, se preparó una nueva conferencia de prensa para tratar de devolverle la confianza al público.  Pero todos sabíamos que la única forma de restaurarla era mediante la provisión de liquidez al Banco Santa Cruz, para enfrentar la salida de depósitos, hasta que el público recobrara la confianza de que el banco no quebraría y que sus dólares estaban a buen recaudo. 

En la noche, se le solicitó a las autoridades del gobierno norteamericano que envíen por American Airlines, por lo menos, 100 millones de dólares para hacer frente a la crisis, con cargo a los depósitos que el BCB tenía en EE.UU.  El primer problema, era viernes en la noche y el lunes era feriado en ese país, por lo tanto, resultaba imposible enviar el dinero desde Estados Unidos.

Juan Antonio tuvo que recurrir al Presidente del Banco Central de la República Argentina, quien estaba descansando en la playa, pero gracias a Dios tenía su teléfono a mano.  Con cargo a los depósitos (parte de las RIN) que Bolivia mantenía en EE.UU., se acordó que el gobierno americano transfiriera los 100 millones de dólares a las cuentas del  Banco Central de Argentina en Nueva York, para que éste nos proporcionara ese dinero en efectivo.  El segundo problema, el Banco Central de Argentina no tenía esa cantidad de dinero en sus bóvedas y, por lo tanto, tuvo que acudir al sistema bancario para recoger lo que faltaba de diferentes bancos privados.  Las horas transcurrían, se acercaba la hora de abrir los bancos en Bolivia y los niveles de ansiedad eran muy altos, porque mientras se recolectaban los 100 millones de dólares en efectivo con todos los problemas logísticos y de seguridad que ello implicaba, otro problema era el transporte de ese dinero a Bolivia.  Por esas casualidades, en ese momento el Presidente de Bolivia se encontraba en Argentina y viajó en el avión presidencial.  Los jefes del ejército buscaron desesperadamente al piloto del avión que estaba de compras y a quien finalmente se lo encontró en la calle Florida.  El piloto se reportó inmediatamente al aeropuerto donde ya las compañías de seguridad estaban cargando el efectivo.

Nuevamente surgió otro problema, el dinero ocupaba todo el avión y, por lo tanto, el piloto debía transportar los cien millones de dólares, sin acompañante alguno.  Después de desarmar parte de los asientos, se cargó el avión que partió con destino a Santa Cruz.  Al momento de reportarse a la torre de control, el avión se había desviado a Asunción del Paraguay.  El peso de los cien millones no permitió cargar el combustible suficiente para llegar al aeropuerto de El Trompillo.

Nadie conocía ese detalle y comprenderán la angustia, cuando el avión presidencial no se reportaba.  Finalmente, el avión llegó a Santa Cruz pero en lugar de aterrizar en El Trompillo donde estaba todo el equipo de seguridad asignado para descargar parte del dinero que se debía quedar en esa ciudad, éste aterrizó en Viru Viru con 100 millones de dólares en efectivo y no había quién recibiera esa carga.  Seguidamente, el avión levantó vuelo con destino a La Paz, empero no aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto donde se lo esperaba, sino que lo hizo en el  aeropuerto del TAM.  Aclarado ese punto, la compañía de seguridad encargada del recojo y transporte del dinero se dirigió hacia ese aeropuerto.  El último inconveniente, el responsable del aparato logístico y de seguridad de la empresa transportadora, era chileno y no podía ingresar a instalaciones militares bolivianas.  El tiempo transcurría y las filas en las oficinas y sucursales del Banco Santa Cruz en La Paz y Cochabamba crecían, la desconfianza aumentaba y estaba a punto de extenderse a los otros bancos del sistema.  En el último momento, se inició la provisión de liquidez al Banco Santa Cruz y la tranquilidad retornó al país.  Nos habíamos salvado por un pelo de un colapso económico de imprevisibles consecuencias.  Juan Antonio, volvió a respirar con más tranquilidad; el nivel de adrenalina que lo mantuvo despierto por muchas horas volvió a sus niveles normales.

Los antecedentes anteriores, su capacidad técnica, su calidad humana, su desempeño profesional y su aporte a la formación de profesionales, son las razones por las que cientos de personas, unos políticos y otros ciudadanos de a pie han expresado su indignación en Bolivia y en el exterior, ante las infundadas acusaciones que el Gobierno del MAS ha realizado en contra suya.  Las muestras de solidaridad en las redes sociales y en la prensa se constituyen en prueba del respeto,  apoyo y simpatía con los que cuenta.

Un poco en broma y también en serio, un día le expresé que él debería sentirse satisfecho porque son pocas las personas que reciben muestras tan grandes de reconocimiento a su trayectoria profesional y admiración y respeto por su calidad humana en vida.

Esto me lleva a preguntarme, ¿por qué tanta injusticia y tantas acusaciones sin fundamento?.  La respuesta es sencilla, vivimos en un proceso de judicialización de la política.  Para hacer creer que se trata de un gobierno democrático y respetuoso de los derechos humanos, se está utilizando a la justicia -totalmente subaltenizada al poder político-, para descalificar y, en muchos casos, matar civilmente a todos aquellos ciudadanos que con su capacidad intelectual, su prestigio y su credibilidad puedan convertirse en puntos de referencia diferentes a los del oficialismo, o, en ciudadanos capaces de evaluar con solvencia la gestión gubernamental.  Esta judicialización pretende acallar a todos aquellos que nos recuerden lo importante que es vivir dentro de un régimen verdaderamente democrático, que respete la pluralidad y asegure la inclusión; trata de amedrentar a todos los que queremos un estado de derecho, a aquellos que luchamos para que se garanticen los derechos propietarios; para los que buscamos una justicia capaz de hacer cumplir los contratos y que crea en la presunción de la inocencia.

Juan Antonio es una de las víctimas que pone en evidencia la judialización de la política.  Como diría nuestro amigo común, Cayetano Llobet,  “así no más había sido”.

El libro que tengo el honor de presentar hoy es el testimonio de lo que acabo de afirmar y la razón de su injusta persecución.

Por ello, es importante tener dos lecturas del libro.  La primera, que nos permite recordar las diferentes coyunturas político-económicas del país y la segunda, que es la que nos transmite lecciones de economía política a partir de situaciones concretas de nuestra historia cotidiana, que para mi, son los mensajes a los que hace referencia el título del libro.  Se trata de casi cien artículos publicados en distintos medios de prensa, agrupados en nueve capítulos, que corresponden a los años en que fueron escritos entre 2003 y 2011.

Lo que trataré en esta presentación, es de recuperar los mensajes que fueron publicados para contribuir al debate sobre temas de política en general y de política económica en particular.

¿Por qué quiere Juan Antonio Morales contribuir al debate?  La respuesta está implícita en sus mensajes. ¿Cómo disminuir la pobreza, lo que significa qué hacer para crecer más, con estabilidad, justicia y equidad?.

Esta intencionalidad implícita, no sólo se encuentra en los temas de su preocupación, sino también en la honestidad intelectual con la cual manifiesta, por ejemplo, las limitaciones del D.S. 21060 o en los argumentos con los que critica las políticas del gobierno, aunque reconoce sus logros como el mantenimiento de la disciplina fiscal, la política de apreciación del tipo de cambio o la creación de bonos como el Juancito Pinto que son instrumentos que van en la dirección correcta en lo social,  aunque no son suficientes para reducir la pobreza.

En consecuencia, si alguien piensa encontrar en estas páginas una crítica hormonal, que explicaría la injusticia con la que está siendo tratado, se sentirá defraudado.  La crítica a las políticas además de serena y equilibrada, es didáctica y muy bien fundamentada como no podía ser de otra manera, viniendo de un profesor con tantos años de experiencia.

Aunque obviamente, el análisis crítico que realiza no es neutral.  Juan Antonio es una persona de convicciones fuertes, si tuviera que catalogarlo, diría que es un neoliberal institucionalista.  Veamos, qué es, para Juan Antonio, el neoliberalismo, término tan denostado por este gobierno.

Morales nos recuerda primero, que la palabra neoliberal, se acuñó en las vísperas de la II Guerra Mundial en París, para distinguirla del liberalismo del Siglo XIX.  También apunta que, tanto los social-cristianos, como los social-demócratas no se desprenden del neoliberalismo, aunque le añaden redes de seguridad para proteger a los más desfavorecidos.  Nos explica que el neoliberalismo está ligado a la teoría neoclásica, cuya idea central es que se da un mejor uso a los recursos escasos, dejando que los individuos tomen decisiones libremente sobre el consumo y la inversión.

Para el pensamiento neoliberal es primordial que los individuos cuenten con incentivos, como el de la propiedad privada, para invertir en activos fijos y en su propio capital humano.  Bajo condiciones precisas, esas decisiones se facilitan con el establecimiento de un sistema de precios.  El neoliberalismo no niega que se necesita de la acción estatal para proveer servicios públicos como salud, educación, seguridad social y defensa, que pueden tener una oferta insuficiente si se las deja a los privados.  El Estado también tiene que regular los mercados de trabajo y el financiero para proteger correctamente a los trabajadores y a los ahorristas.  Le corresponde al Estado crear las redes de protección social correspondientes.  En cambio, el Estado no debe inmiscuirse allá donde el sector privado lo hace mejor.  Finalmente, señala que el neoliberalismo apunta a la economía abierta y le es importante la estabilidad macroeconómica.

Aunque no lo dice explícitamente, uno deduce rápidamente de la lectura de muchos de sus mensajes, la influencia que tiene el institucionalismo en su formación y es lógico, para un economista al que le ha tocado estar en la función pública durante tantos años, le resulta casi natural la importancia de las instituciones para el desarrollo de las naciones.  Ese es el motivo de su insistencia en temas como la justicia; el retorno al Estado de derecho; la garantía de los derechos propietarios; el cumplimiento de los contratos; la necesidad de asegurar la estabilidad y, para ello, la importancia de contar con un Banco Central independiente, cuya política monetaria y cambiaria no se subalternice a los intereses coyunturales de la política; la necesidad de regular el mercado laboral y financiero y, por supuesto, los monopolios naturales y la necesidad de ejecutar políticas fiscales prudentes, entre otros.  

La importancia que le asigna a la democracia representativa; la importancia de que la CPE garantice la alternabilidad del poder; el imperativo de contar con una oposición que les permita a los gobernantes de turno, contrastar ideas y transmitir dudas sobre sus decisiones; contar con redes de protección social y leyes que protejan al Estado y, sobre todo, a los ciudadanos; que se respete el principio de presunción de inocencia y de licitud de los actos de los funcionarios públicos, no solamente por razones de justicia, sino para evitar que el aparato público se paralice.

Es desde esta perspectiva que alude con un poco de ironía -muy poca para mi gusto-, en su artículo titulado muy acertadamente “La Pasarela de los Sociólogos”, a los intelectuales que alimentan el pensamiento de una de las facciones del MAS.  Se refiere a Negri, Boaventura de Souza Santos, Emir Sader, Enrique Dussel y Ernesto Laclau.  En otro artículo nos explica que el MAS no es un partido de izquierda moderna, ya que no propone cambios en un ambiente de democracia representativa y que se olvida que la distribución de la riqueza se la debe buscar por la vía del sistema impositivo y no solamente del gasto social.  Señala que un instrumento privilegiado por la izquierda moderna es el impuesto a la renta de personas.  Para Juan Antonio, lo que caracteriza al gobierno del MAS es su nacionalismo, que lo disfraza con descolonización.  Su estatismo es vergonzante, ya que después de todo, continua haciéndole guiños al neoliberalismo.  En síntesis, es esta visión de la economía que algunos califican como nacional-populismo.  Con relación al socialismo que tanto pregonan, nos reitera que todavía no se sabe en qué consiste el Socialismo del Siglo XXI que propone Hugo Chávez.  Lo que le sorprende y no sólo a él, sino a los que creemos en los derechos humanos y en la igualdad de genero, es su amistad con uno de los gobiernos más reaccionarios del mundo, como el de Irán.

Los conceptos y temas serios que analiza, a veces están matizados por algunas anécdotas o críticas a personajes nacionales como internacionales.  Sólo menciono a dos.  Nos cuenta que en 2004, la huelga de maestros, bajo la dirección de Vilma Plata, le dio un respiro a la liquidez del TGN, que era necesaria para llegar a un acuerdo con el FMI,  Como dice el refrán, el diablo no sabe para quien trabaja.  A raíz de las declaraciones de la señora MItterand, Ignacio Lula y un funcionario de la NN.UU., que calificaron a la oposición de muchos bolivianos a la recién aprobada Constitución Política del Estado como racistas, Juan Antonio les dedicó un artículo que concluye con el regalo de algunos libros: para la señora Mitterand y para Stevenhagen, “El Perfecto Idiota Latinoamericano” y “El Regreso del Idiota” en edición de lujo.  Al presidente Lula da Silva, “La Revolución Inconclusa” de Malloy.  Personalmente, ampliaría este regalo a muchos funcionarios de la cooperación internacional, como una manera de incitarlos a que lean un poco más de nuestra historia y puedan, de esta manera, expresarse con más propiedad sobre la realidad boliviana.

Los “Mensajes en una Botella”, no son sólo teóricos, a lo largo del libro se encuentran varias recomendaciones de política económica que, por su importancia y vigencia, no puedo dejar de mencionar.

Cuando uno analiza la economía de un país son dos las áreas que más atención deben merecer, el crecimiento económico, que depende en gran medida de la inversión; la estabilidad que está supeditada al comportamiento de la inflación, del tipo de cambio y al déficit o superávit fiscal.

El análisis que realiza Juan Antonio, establece que aunque en todos estos años, el país ha mantenido tasas de crecimiento positivas, éstas han sido modestas, por decir lo menos, comparadas con las de nuestros vecinos, especialmente si se considera la coyuntura tan favorable que estamos viviendo, como efecto de los elevados precios de las materias primas en los mercados internacionales.

Las modestísimas tasas de crecimiento, se deben básicamente al bajo nivel de inversión pública, como demuestra Juan Antonio a lo largo de sus artículos, nunca sobrepasó el 14% del PIB.  La inversión privada no ha superado el 7%, con el agravante de que ese porcentaje corresponde, casi en su totalidad, a la inversión extranjera y muy poco a la privada nacional.

A propósito del crecimiento, le hace notar al presidente Morales, luego de una declaración realizada en el año 2007, en sentido de que pronto seríamos como Suiza, que creciendo al 4.8% y Suiza al 3.6% (tasa promedio de los últimos diez años) tardaríamos 206 años en llegar a tener una economía del tamaño de ese país europeo.  La implacable aritmética.

De acuerdo a las estimaciones de Juan Antonio, se debería contar con una tasa promedio de inversión similar a la de los países de la región, que se sitúa en el orden del 20% para crecer, al menos, en un 5%.

Como bien explica el autor, las RIN, que han alcanzado altísimos niveles, utilizando cualquier indicador, son el resultado de la diferencia entre el ahorro nacional y la inversión en el país.  Es decir, que existe un amplísimo margen para aumentar las inversiones, considerando solamente el ahorro interno o, dicho de otra manera, no estamos utilizando nuestro ahorro para invertir.

Entonces, ¿por qué la inversión privada en general y la nacional en particular es tan baja?.  Las causas que enumera Juan Antonio Morales son varias, un deteriorado clima de inversión que no le da confianza al inversionista para asumir los riesgos.  Por ejemplo, la nueva Ley de Hidrocarburos, no respetó los contratos, ni los derechos propietarios; la nacionalización de FANCESA tampoco lo hizo.  En general, existe incertidumbre con relación a los derechos propietarios y un  discurso torpe  contra los empresarios, por decir lo menos.  Como señala el autor, es necesario que el gobierno se “abuene” con el sector privado nacional.  En cuanto a la inversión pública es necesario mejorar los mecanismos de coordinación entre el gobierno central, los sub-nacionales y las universidades; se debe fortalecer y asegurar el funcionamiento adecuado del sistema nacional de inversiones.

Una de las razones por las cuales Juan Antonio Morales, contrario a la opinión de muchos economistas, incluida la mía, considera que se debe acelerar la apreciación de la moneda, tiene el objetivo de brindarles a los empresarios la oportunidad de contar con un dólar barato para la importación de equipo y maquinaria.

Si hay un punto en el cual no coincido con Juan Antonio, es precisamente  su insistencia para acelerar el ritmo de la apreciación de la moneda. Es cierto que el nivel de las Reservas Internacionales Netas, lo justificaría.  Sin embargo mi discrepancia se basa en que mientras no mejore el clima de inversión, aún con un dólar barato, no creo que los empresarios estén dispuestos a adquirir más equipo y maquinaria que lo indispensable para mantener a flote sus operaciones.  Es más, se corre el riesgo que la producción nacional no pueda competir con la de otros países, si no existe inversión en activos físicos, en capital humano y la tecnología que permita innovar y aumentar la producción y la productividad.  Como medida alternativa, siempre he insistido en la necesidad de crear un fondo de inversión o de estabilización que permita esterilizar el exceso de RIN y se cuente, de este modo, con un colchón para el futuro.  Juan Antonio, lo menciona en su artículo “Bailar al ritmo de los precios internacionales “ del año 2009 y el FMI recién lo recomienda en su informe anual como resultado del “Artículo Cuarto” del Convenio Constitutivo del FMI,  correspondiente a la gestión 2011.

En todo caso, el autor también está consciente que una política de revaluación tiene sus costos, ya que como bien lo expresa, existe una contradicción entre el objetivo de corto plazo de controlar la inflación versus la meta de largo plazo de fomentar la producción interna, que podría verse severamente afectada por la denominada “Enfermedad Holandesa”.  Por esta razón, insiste acertadamente en la necesidad de  mantener superávits fiscales.

El tema de las Reservas Internacionales Netas, merece un excelente tratamiento en varios de los artículos de Morales.  En primer lugar, explica que las RIN no son de libre uso de los gobiernos, porque tienen como contraparte varios pasivos; la base monetaria, es decir, los billetes y monedas en poder del público, además del encaje legal de los bancos y los depósitos que mantienen los gobiernos departamentales y municipales en las cuentas del BCB.  De ahí el peligro de disponer de estas reservas de manera imprudente en créditos concesionales a las empresas públicas como YPFB, que dicho sea de paso, deberían tener la capacidad de endeudarse en términos comerciales.

Asimismo, nos recuerda que el alto nivel de las RIN, independientemente de cuales fueron las razones de su crecimiento, garantizan tanto la estabilidad macroeconómica como la del sistema financiero.  Sin embargo, como contraparte obliga al Banco Central a aumentar los billetes y monedas en circulación, lo que obviamente genera presiones inflacionarias.  Una de las sugerencias del autor para bajar las RIN, es la de pagar la deuda externa no concesional, aspecto en el que coincide con el Dr. Armando Méndez, quien ya en el año 2009, planteaba la posibilidad de que el país aprovechara la coyuntura internacional y la situación fiscal para colocar bonos en moneda nacional, a tasa fija y de largo plazo en el mercado internacional.

El nivel de Reservas Internacionales Netas está íntimamente ligado a la definición de una política cambiaria.  En ese sentido, Juan Antonio considera que el Bolsín es una reliquia del pasado, el tipo de cambio deslizante ya no es la mejor alternativa y, por ello, sugiere que ya es tiempo de ingresar paulatinamente dentro de un sistema de tipo de cambio flotante, habida cuenta del desempeño de la balanza de pagos del país.

La independencia del Banco Central es otro de los temas a los que le dedica mucha atención en sus artículos.  Como expresa, fue la independencia del Banco Central la que garantizó la estabilidad en el pasado, lo que sin lugar a dudas, incomoda a los gobiernos populistas, debido a que su independencia no les permite subordinar la política monetaria a las necesidades fiscales o políticas coyunturales.  No se debe perder de vista, como señala en uno de sus artículos, que la política monetaria necesita lo que se denomina en términos técnicos, de un ancla nominal.  Es decir, una restricción sobre el valor de la moneda nacional, lo que significa que no se puede emitir sin límite, el ancla nominal sirve también para fijar las expectativas de la inflación.  Durante mucho tiempo, el ancla ha sido el tipo de cambio, si aumentaba la emisión, disminuían las RIN y eso hacía que el dólar valiera más.

Cuando existe superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, el tipo de cambio deja de ser un buen ancla.  Lo que se debe hacer es que el BCB fije la meta inflacionaria. Si es una institución creíble, no se generarán expectativas inflacionarias, por ello, es fundamental la credibilidad e independencia de esta entidad.  Lo evidente es que la nueva CPE restringe mucho su independencia y, por si esto no fuera suficiente, la Ley de Presupuesto, también aprueba artículos que limitan aún más su independencia.  Efectivamente, como señala el autor, el artículo 11º de la Ley de Presupuesto de 2011 ”autoriza”, léase, “obliga”, a ceder al BCB un tercio de las RIN, excluyendo el oro, a las empresas estatales, para lo cual exceptúa al BCB del cumplimiento del artículo 16º de su Ley Orgánica que, es precisamente, el que le confiere la competencia para manejar las RIN.

En síntesis, se trata de un libro que recopila artículos corajudos, bien escritos, de fácil lectura para los que no son economistas; que pone en evidencia que las instituciones o las reglas de juego, que son definidas por el sistema político, afectan a la economía y determinan las posibilidades y la calidad del crecimiento económico y su sostenibilidad en el tiempo.

Felicidades querido amigo y gracias por continuar aportando al país y a nuestra universidad.

La Paz, 4 de mayo de 2012

Crecimiento Económico y Orden Social

Para garantizar el crecimiento económico de largo plazo, la reducción de la pobreza y la generación sostenible del empleo de calidad en un entorno de estabilidad, es preciso que la política económica y el orden social vayan de la mano.  Es decir, que se requiere de buenas políticas y para que éstas tengan los resultados previstos, es necesario contar con los mecanismos e instrumentos que aseguren la coordinación y cooperación dentro de la sociedad a fin de mantener el orden social y lograr los objetivos de la política económica.

El hecho factual es que una de nuestras mayores debilidades, es la precariedad del orden social y es tiempo de preguntarse ¿cómo se puede mejorar la coordinación y cooperación o, dicho de otra manera, cómo disminuimos la conflictividad en la que estamos sumidos?

Al respecto, cabe  mencionar, el conflicto del TIPNIS, La Asunta, Yapacani, Caranavi y Huanuni, entre otros.  Los innumerables bloqueos de caminos; los paros cívicos; las huelgas; las manifestaciones públicas que a diario interrumpen el tráfico, generan incertidumbre, perjudican el normal desarrollo de las actividades laborales y reflejan el grado de desorden que experimenta el país.  La precariedad del orden social aumenta los costos de transacción en la economía y es una de las causas de nuestra baja competitividad y atraso económico.

Para ser más gráficos, en el mes de octubre de 2011, la Fundación UNIR^[1] registró 93 conflictos  y 152 medidas de presión; 54 estados de emergencia y ultimátums; 20 vigilias; 18 marchas; 26 bloqueos; 12 paros; un amotinamiento; 10 huelgas de hambre; una destrucción de bienes; un cosido de labios y dos crucifixiones (octubre fue el mes con la menor cantidad de conflictos del año 2011, en agosto fueron 155).

La coordinación hace que las acciones de los individuos sean predecibles y, por lo tanto, es posible crear expectativas sobre su comportamiento.  La cooperación implica la posibilidad de realizar acciones que nos benefician a todos.  No olvidemos que nuestra naturaleza es individual y social al mismo tiempo.  Como diría Antonio Negri[2], “…la cooperación es la condición de posibilidad de cualquier formación social…”.

Una de las condiciones para lograr la coordinación, es la capacidad de comunicación y,  ésta depende de que los bolivianos compartamos un lenguaje que nos permita describir objetos y sentimientos, de forma tal que logremos compartir los significados.  “…Un enunciado verdadero no dice lo que una cosa es, sino lo que presuponemos que es dentro de una cultura particular…”^[3].  Por ejemplo, el concepto de “propiedad “o de “casa” es diferente, tanto para los pobladores de las tierras bajas, como para los quechuas o aymaras. 

Por ello, una de las condiciones para la construcción del Estado Nacional y, es lo que se pretendió a partir de la Revolución de 1952, fue la necesidad de encarar los programas de alfabetización en un solo idioma.  Se determinó que fuera el español, no porque fuera el lenguaje mayoritario de la sociedad boliviana, ni porque fuera mejor o peor que el aymara o el quechua, sino porque el español nos permite integrarnos mejor con América Latina.  Resulta muchísimo más fácil acceder a la ciencia, a la tecnología y a la literatura universal sabiendo español.  A fin de cuentas, no existen libros de historia universal, literatura o ciencias en aymara o quechua, por la sencilla razón de que el número de personas que hablan esos idiomas es escaso, comparado con el de aquellos que hablan español a nivel global.  

La creación de un Estado Nacional requiere que hablemos una lengua y que los significantes representen lo mismo para todos.  De lo contrario, resulta difícil, por decir lo menos, la comunicación y, por ende, la coordinación.  Compartir una misma lengua no implica desconocer la riqueza y la importancia de los distintos idiomas que coexisten dentro del territorio nacional.  El compartir el idioma español es el acuerdo de quienes vivimos en este territorio, denominado Bolivia, para entendernos, comunicarnos mejor y de manera oficial, con el fin de construir la nación boliviana, que no es ni aymara, ni quechua, ni Tupi Guaraní, sino que es la suma de todas ellas.  La Revolución de 1952 pretendía que dejáramos de ser aymaras, quechuas, habitantes con ascendencia europea, asiática o africana para convertirnos en bolivianos mestizos, en ciudadanos con orígenes pertenecientes a diferentes etnias o culturas que construirían la nueva cultura boliviana a través del sincretismo, lo que además debería asegurar que el fenotipo deje de tener importancia para los bolivianos.

El hecho de que los diferentes pueblos mantengan su idioma ancestral es positivo, pero para desarrollar una cultura y una visión compartida, es fundamental que todos nos expresemos en un solo idioma y que todas las naciones que cohabitan en el territorio nacional, mantengan su lealtad a Bolivia para consolidar la supervivencia del Estado Plurinacional.

Además de comunicarnos y entender las cosas de la misma manera, la coordinación requiere que estemos sujetos a un mismo conjunto de reglas de juego.  Las normas de una sociedad son formales e informales.  Estas últimas dependen de los valores y definen lo que es bueno o malo y lo que puede hacerse.  Por su parte, los valores dependen, sin lugar a dudas, de las visiones que se tenga del mundo.  Por estos motivos, es esencial construir una visión compartida, que es uno de los retos que tienen, con mayor razón, los gobernantes de un Estado Plurinacional.

Las normas formales, son las que prescriben y prohíben los distintos comportamientos en  determinadas circunstancias, las mismas que para ser efectivas deben ser sancionadas.  Estas normas son una solución externa para lograr el orden dentro de una sociedad.  Ahora bien, en la medida en que la población cumpla las normas, su comportamiento será predecible y permitirá el trabajo cooperativo.  La acción predecible y cooperativa disminuye significativamente los costos de transacción en una sociedad y la hace más eficiente y competitiva.  No obstante, siempre habrá quien incumpla las normas,  si éstas son informales, se deberá aplicar una sanción social y para que ello suceda, la sociedad debe compartir el concepto de lo que es bueno y  malo.  Por citar un ejemplo, tanto en las ciudades, como en las comunidades la protección al narcotráfico, el narcotráfico en si, el contrabando, la discriminación de género o la intolerancia religiosa, entre otros, deben ser malos y, por tanto, sancionados socialmente.

Por otro lado, si es que se incumple una norma formal, se recurrirá a la coerción estatal para hacerla cumplir.  Por ejemplo, las empresas que importan vehículos legalmente;  pagan sus impuestos; generan empleo y cumplen con los aportes sociales de sus trabajadores, confían (quieren tener la certeza) de que quien se dedique a este negocio, también cumpla con sus obligaciones.  Es decir que, esperan que no ingresen vehículos de contrabando y si ello ocurre, se evite su circulación y comercialización inclusive por la fuerza.  De la misma manera, quienes producen artículos perecederos, confían en que se les garantice la libertad de transito en los caminos.  Los mineros esperan que cuando el Estado les otorga una concesión, puedan dedicarse a la exploración y explotación de minerales en el área de su concesión y tener la certeza de que sus derechos serán reconocidos por los comunarios.  Todos confiamos en que se respeten nuestros derechos propietarios y, en el peor de los casos, que el Estado haga respetar el uso, disfrute y disposición de nuestros bienes, independientemente de que se trate de un terreno, una casa, un vehículo o un negocio.  Los ciudadanos también esperamos que existan los mecanismos expeditos y eficientes para hacer cumplir lo acordado entre partes.  

Todo lo anterior, es lo que se denomina seguridad jurídica, sin la cual, es difícil pensar en que los actores económicos inviertan.  Es evidente que se invierte para obtener réditos económico-financieros, aunque también es innegable que al hacerlo, se genera empleo y se pagan impuestos con los cuales el Estado construye caminos, hospitales, colegios, etc.  El que invierte contribuye al bienestar y al crecimiento del país para que todos vivamos mejor.

Al respecto, nos preguntamos en qué medida contribuyen a brindar certidumbres, ciertos hechos como la judicialización de la política; la conformación del Órgano Judicial con magistrados cuya legitimidad está cuestionada por los resultados de su elección; la indefinición del  alcance de la justicia comunitaria;  la escasa confiabilidad que tiene la población en la policía para hacer cumplir la ley; la continua sustitución de la legalidad por la legitimidad subjetiva y coyuntural y la tendencia que existe a transar con la ilegalidad.  

No obstante, se debe reconocer que estos problemas son de larga data, pero que explican los altos costos de transacción que genera la necesidad de cubrirse de la incertidumbre y, si a ello se le añaden, los costos adicionales generados por la falta de coordinación y cooperación, es evidente que no somos competitivos. 

La inseguridad jurídica también explica las razones de los bajos niveles de inversión privada en el sector productivo; por qué hasta la fecha no ha sido posible crear un mercado de capitales que garantice recursos para la inversión de riesgo de largo plazo; por qué los bancos prestan recursos preferiblemente a aquellos que pueden otorgar garantías reales; por qué los empresarios prefieren dedicarse a actividades de corto plazo como el comercio y por qué el principal empleador está en el sector informal de la economía.  La falta de oportunidades de trabajo, como resultado de los bajos niveles de inversión, explica también el espíritu rentista de la población y la vocación patrimonialista de los gobernantes.

En síntesis, sin institucionalidad no hay orden y sin orden no es posible pensar en un   crecimiento económico sostenido.

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^[1] UNIR, Informe de Conflictibilidad, octubre 2011.

[2] Filósofo y pensador postmarxista.

[3] Dardo Scavino, “La Filosofía Actual”, Editorial Paidos, 2007. Pag. 48.

Se nos acaba la buena suerte

En un seminario organizado por PRISMA en diciembre pasado, el Lic. Gabriel Loza, ex presidente del Banco Central de Bolivia, señalaba que para evaluar el desempeño de la economía boliviana en estos últimos años, había que considerar tres factores: la buena suerte, los cambios estructurales y las buenas políticas ejecutadas por el Gobierno.

Con ese mismo marco de referencia es interesante analizar lo que nos deparará el futuro.  La buena suerte está referida a la coyuntura internacional que ha sido extraordinaria para los países productores de materias primas y alimentos.  La pregunta del millón es, si esta coyuntura favorable continuará en el futuro inmediato y la respuesta parece ser negativa.

Efectivamente, los pronósticos de casi todas las instituciones financieras y de los analistas económicos a nivel internacional, prevén una altísima probabilidad de que tanto la economía norteamericana como la europea ingresarán en un período de recesión y que la economía china se enfriará debido a que sus mercados de exportación se contraerán significativamente y su mercado interno, todavía no tiene la capacidad de sustituir a Estados Unidos y Europa.  Adicionalmente, se le avecina una crisis financiera por su imposibilidad de sostener por mucho tiempo más, la burbuja inmobiliaria que ha crecido peligrosamente en los últimos años.  Todo indica que la economía china experimentará un duro aterrizaje (hard Landing) a más tardar, para los años 2013 o 2014.  

Es probable que el precio internacional del petróleo se mantenga en el orden de los US$. 90 por barril, lo que implica que aunque los ingresos por la venta del gas boliviano se mantendrán, el costo del subsidio a los carburantes será muy elevado  si es que no se reajustan los precios en el mercado interno. 

En lo que se refiere a los precios de los minerales, se estima que éstos tenderán a la baja.  El oro continuará con una cotización alta, pero volátil hasta que los mercados recobren la confianza en las políticas económicas de EE.UU. y Europa.

En el corto plazo, no se prevé una mejora en los precios de la soya ya que la producción en Brasil en la pasada gestión, fue significativamente mayor a  la prevista y la demanda internacional fue inferior.

Por lo tanto, hacia futuro no se puede confiar demasiado en la buena suerte, lo que nos lleva a analizar las bondades de la política económica ejecutada en el país.  Las buenas políticas son aquellas que permiten lograr los objetivos deseados.  Si lo que se buscaba era el crecimiento de las reservas internacionales; superávit fiscal; superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos; bajos niveles inflacionarios y crecimiento económico, al parecer estos resultados se lograron más por la buena suerte que por la calidad de las políticas económicas implementadas.  El control de la inflación, por la vía de la apreciación del Boliviano, ha tenido éxito, aunque al mismo tiempo, le ha restado competitividad a la producción nacional que no puede competir con los productos importados que son más baratos debido al tipo de cambio.  Si lo que se buscaba era el desarrollo productivo, elevadas tasas de crecimiento y la generación de empleo, las políticas ejecutadas hasta ahora, no han sido precisamente las mejores.  La inversión privada nacional y extranjera como porcentaje del PIB, ha sido modesta comparada con la de Chile o Perú, lo que explica una mayor tasa de crecimiento en esos países.  Pero aún más grave, la tasa de crecimiento económico y los niveles de inversión en el país no han sido suficientes como para generar el empleo estable y de calidad para la cantidad mano de obra que ingresa anualmente al mercado laboral.  Sólo con empleo estable y de calidad se asegura de manera estructural que la disminución de la pobreza pueda ser sostenible en el tiempo.  No obstante, se debe reconocer que se ha logrado disminuir los niveles de pobreza, gracias a la política de bonos del gobierno.  Más del 70% del empleo se genera en el sector informal de la economía que se financia, en gran medida, con recursos provenientes del circuito coca-cocaína y de las remesas que realizan los bolivianos que emigraron a Europa, EE.UU. y Argentina en busca de mejores oportunidades de vida. 

Es evidente que el sector de la construcción de bienes inmuebles ha mostrado un  enorme dinamismo, aunque ello se debe a las tasas reales negativas de interés (la inflación es mayor que las tasas de interés que se paga al depositante, es decir, que los ahorristas les pagan a los bancos por ahorrar) lo que ha provocado que la gente prefiera invertir en bienes inmobiliarios con la esperanza de que el alquiler sea mayor a las tasas de interés que ofrecen los bancos.  En el corto plazo, esto es así, aunque paralelamente se está generando una burbuja inmobiliaria que explotará en algún momento, con graves consecuencias para el sistema financiero nacional.

Cuando se analiza la composición del Producto Interno Bruto por el lado del gasto, se observa con nitidez que el modesto crecimiento de la economía boliviana (comparado con el de Perú, por ejemplo) se ha dado como consecuencia del consumo de los hogares.  Este tipo de crecimiento sólo es sostenible en el tiempo, si es que se mantienen a) los recursos que genera el circuito de la coca-cocaína, b) las remesas del extranjero, c) el dinamismo del sector inmobiliario que genera empleo y la sensación de riqueza en un determinado sector, debido al aumento de su patrimonio, por efecto del alza de los precios de la vivienda y d) por los bonos que el gobierno distribuye entre la población.  Aunque no se puede dejar de mencionar que la política de bonos del gobierno ha contribuido a mejorar  coyunturalmente la distribución del ingreso y a disminuir los niveles de pobreza del país.

La caída de los precios de las materias primas; la presión de Brasil para reducir la actividad del circuito coca-cocaína; la inexistencia de un fondo de estabilización, como el que tiene Chile a partir de las exportaciones de cobre; la necesidad de aumentar las tasas de interés para mantener la estabilidad del tipo de cambio; el gasto excesivo en la subvención de los carburantes; la necesidad de crear un impuesto progresivo a la renta de personas; la recesión europea y norteamericana por citar algunos factores, plantean serios retos a la imaginación del gobierno para definir políticas económicas adecuadas que permitan disminuir la pobreza de manera sostenida, mejorar la distribución del ingreso y construir una sociedad más justa.

Finalmente, los cambios estructurales.  La “nacionalización” de la industria petrolera y la reactivación de COMIBOL todavía no muestran resultados.  La exploración es muy modesta y no se han generado aumentos relevantes ni en  la producción hidrocarburífera, ni en la minera.  El crecimiento en el valor de las exportaciones se explica fundamentalmente por el aumento de los precios y no así por el volumen exportado.  

El sector de la generación eléctrica, que fue uno de los rubros más eficientes de la economía boliviana en los últimos años, está en crisis.  La falta de inversiones en el área de la generación, agravado por la ineficiencia de la gestión de ENDE, ha puesto en riesgo el suministro normal de energía eléctrica perjudicando al sector minero y al industrial.  

La inversión privada nacional en el sector productivo no ha logrado despegar pese a la disponibilidad de recursos para el crédito barato en el sistema bancario.  Ello se explica por la incertidumbre de las reglas de juego, especialmente las referidas a aquellas que protegen la propiedad privada y aseguran la ejecución de los contratos. 

Los nuevos magistrados, todavía no han tenido tiempo para demostrar que serán capaces de construir un sistema judicial eficiente e independiente y mientras no lo hagan, los agentes económicos no estarán dispuestos a asumir riesgos importantes.

En síntesis, se está acabando la buena suerte y, por lo tanto, es necesario definir políticas económicas adecuadas y que se reviertan las ineficiencias que ocasionaron los ajustes estructurales en la economía boliviana.